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El ejercicio simultáneo de la acción penal y civil, es la norma general de nuestro sistema penal.

El ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es la norma general de nuestro sistema penal so pena de incurrir en una violación del principio de tutela judicial efectiva. Citación de la Compañia Aseguradora.

Así lo han declarado las  recientísimas e interesantes sentencias dictadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ( (i)S.T.S. Número 390/2.017, de fecha 30 de mayo de 2.017, Recurso 2.276/2.016 y (ii)S.T.S. Número 513/2.017 de fecha 06 de Julio de 2.017), que han admitido los respectivos Recursos de Casación por Infracción de Ley, al amparo de los (i) artículos 847.1 b) y 849.1° L.E.C.,  fijando doctrina sobre la obligación de efectuar un pronunciamiento civil en relación a los daños causados como consecuencia de la comisión de un delito de peligro abstracto del artículo 379.2 C.P., que como sabemos, tipifica el delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol y sin que sea obstáculo a ello lo que previene el artículo 382 C.P., que regula los supuestos de concurso con otros delitos de resultado y (ii) para condenar al pago de los daños atípicos penalmente causados en la puerta del garaje de un tercero por la colisión del vehículo conducido por un acusado en estado de ebriedad, declarando improcedente la reserva de acciones civiles habida cuenta la relación de causalidad entre el delito y el resultado dañoso.

Por lo tanto, se declara la obligación de emitir pronunciamiento civil en vía penal con independencia del alcance de los daños, incluso aunque el resultado dañoso fuera atípico penalmente. El Tribunal Supremo incluso cita a la compañía aseguradora al proceso para ser oída, en aplicación de la doctrina aplicable, y resolviendo la controversia existente y robusteciendo los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Por lo tanto, el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es la norma general de nuestro sistema penal. La exclusión de esta simultaneidad provoca quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, la obligación de indemnizar los daños causados, aunque sean atípicos penalmente derivados de un delito de riesgo abstracto, se derivan de los artículos 109.1º y 116, ambos del C.P. La regla concursal del artículo 382 C.P. no debe ser interpretada en el sentido negativo de no efectuar pronunciamiento civil cuando el resultado dañoso sea atípico. Como sabemos este precepto establece que en caso de concurrencia de otro delito de resultado junto con el de riesgo abstracto, se  aplicaría en exclusiva el delito más gravemente penado.

Resaltamos y recordamos que al respecto ya se pronunció la Fiscalía General del Estado, mediante la Circular número10/2.011 sobre “Criterios para la unidad de actuación especializada en materia de seguridad vial” que es totalmente partidaria que se pronuncie sobre  la indemnización por los daños y perjuicios causados derivados del delito del artículo 379 C.P. con independencia del alcance de dicho daño .

Como anteriormente hemos afirmado, la omisión de no realizar pronunciamiento indemnizatorio alguno al respecto, salvo que el perjudicado se haya reservado el ejercicio de la acción civil, supondría una violación  del derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva al obligar al perjudicado a acudir a la jurisdicción civil penal para efectuar la reclamación por los daños derivados del hecho de la conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Por lo tanto concluimos que, el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es LA NORMA GENERAL de nuestro sistema penal.

José Ramón Gortázar Díaz

Colegiado del I.CA.M. número 22.130

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