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¡IMPUGNO SEÑORIA!

En el presente post me gustaría hacer una reflexión en torno al artículo 427 LEC y el mal uso del mismo, puesto que en el mencionado artículo se establece que solamente se podrá impugnar un documento en cuanto a su autenticidad, entendiendo como tal el significado que la R.A.E le otorga a dicha palabra, o dicho de otro modo, que el documento en cuestión no ha sido falsificado.

Por lo tanto, en los casos en que no se impugne la autenticidad de un documento privado, éste hará prueba plena respecto del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella, como así se desprende de la lectura de los artículos 326 y 319 LEC; Así pues, el documento privado cuya autenticidad no se haya impugnado tendrá el mismo valor legal que se atribuye al documento público, es decir, dicho documento hará prueba plena del contenido formal del mismo, pero no de la veracidad intrínseca de las declaraciones que en el mismo se contienen.

Una vez establecidas las bases y para que las mismas queden claras, de la deducción lógica de lo anteriormente señalado, cabe establecer que la impugnación de un documento debería limitarse a la autenticidad de un documento, pero no a su valoración, por lo que cualquier discusión relativa al valor probatorio del documento debería realizarse en trámite de conclusiones.

Pues bien, mi pregunta es la siguiente, ¿a que se refieren los abogados cuando impugnan respecto al valor probatorio de un documento?; a este respecto, se ha pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de marzo de 2004, la cual ha manifestado que «el trámite previsto en el art. 427 LEC no tiene por objeto calificar el valor probatorio, para cada parte, de las pruebas documental y pericial (función propia de la fase de conclusiones)sino impugnar la autenticidad formal de los documentos que las contienen. No es un trámite de valoración sino de autenticación. Se trata, básicamente, de evitar el libramiento de despachos de adveración de documentos públicos y privados (arts. 267, 268, 318 y 325 LEC) que consten por copia simple y de ahorrar las testificales respecto a aquellos documentos elaborados por empresas, compañías de suministros y, en general, terceros ajenos al pleito (arts. 268 y 381 LEC). Por ello la impugnación debe ser fundamentada en serias dudas de autoría, manipulación o integridad, con concreción de los motivos o razones que llevan a la parte a impugnar el documento. La regla general ha de ser por tanto la de no impugnación y sólo en caso debidamente motivado el juez (siempre que, ante la impugnación, la parte proponente del medio probatorio solicite estas diligencias) despachará oficios y mandamientos o ordenará la presencia de testigos o peritos».

En este mismo sentido, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha afirmado que « una cosa es la autenticidad del mismo y otra muy distinta su eficacia probatoria», así como que «el valor o eficacia probatoria del documento público no se extiende al contenido del mismo o a las declaraciones que hagan los otorgantes, pues, aunque en principio, hacen prueba contra ellos y sus causahabientes, la veracidad intrínseca de los mismos puede ser desvirtuada por prueba en contrario, sin que tal medio probatorio tenga prevalencia sobre los demás, vinculando al Juez sólo respecto de su otorgamiento y de su fecha, dado que el resto de su contenido puede ser sometido a apreciación con otras pruebas» (SSTS de 25 de marzo de 2004, 21 de noviembre de 2000, 19 de abril de 2004, 17 de marzo de 1997, 21 de noviembre de 2000, 31 diciembre 2003, 30 de septiembre de 1995, 30 de octubre de 1998 y 26 de enero de 2001, entre otras).

Es por todo ello, que si los Jueces no ponen fin a este tipo de impugnaciones improcedentes, rechazando aquéllas que no se limiten a negar la autenticidad del documento de que se trate, terminaremos cayendo en el absurdo de impugnar la totalidad de los documentos, aportados por la parte contraria, que no convengan a los intereses de los representados, convirtiendo la impugnación en una norma y no en una excepción, así como llenando los juzgados de impugnaciones inútiles; Que incluso debido al abuso excesivo, podamos alcanzar tal extremo que de no impugnar el documento en cuanto a su valor probatorio, se considere que estas admitiendo las manifestaciones contenidas en el mismo.

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