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LA CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SUSTRAÍDOS EN RELACIÓN CON EL DELITO DE HURTO (ARTÍCULO 234.1 y 2 DEL CÓDIGO PENAL).

El artículo 365, párrafo 2º de la LECr., establece que “la valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales se fijará atendiendo a su precio de venta al público”.

De acuerdo con el tenor de dicho precepto legal, la cuantificación económica o valor de los efectos sustraídos en establecimientos comerciales, y a fin de poder determinar o imputar la presunta existencia de un delito de hurto (artículo 234.1 C.P.), o de un delito leve de hurto (artículo 234.2 C.P.), ha sido interpretada jurisprudencialmente por las distintas Audiencias Provinciales de manera totalmente contradictoria, así, mientras unas Audiencias Provinciales venían fijando el valor de lo sustraído partiendo del coste de reposición del efecto, al que se sumaban los gastos de transporte, otras Audiencias fijaban que dicho valor de los efectos sustraídos se determinaba por el precio sin mayores adiciones, existiendo igualmente una tercera interpretación jurisprudencial que fijaba que sobre dicho precio del efecto sustraído había que reducir o detraer el importe del impuesto sobre IVA y el margen comercial o beneficio industrial, diferenciando entre el denominado precio de venta al público y el total a pagar, que adiciona al precio de venta al público el importe del IVA, el cual debe ser deducido del precio de venta al público en los supuestos de sustracción de bienes en establecimientos comerciales, y ello al considerar que no se produce el hecho imponible del impuesto del IVA.

Dichas corrientes jurisprudenciales contradictorias establecidas por las distintas Audiencias Provinciales, ha sido finalmente fijada y concretada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en su sentencia 327/2017, de 9 de mayo, fija doctrina legal, en el sentido de que el valor de los efectos sustraídos en establecimientos comerciales, se debe fijar de acuerdo con el precio de venta al público, interpretándolo como la cantidad o importe que debe abonarse para su adquisición en el comercio, importe éste que comprende, sin reducción o descuento alguno, los costes de producción y distribución del bien, los márgenes comerciales de beneficio y los tributos y aranceles que lo graven directa o indirectamente con expresa inclusión del impuesto del IVA.

La citada STS, estudia y analiza las distintas corrientes jurisprudenciales de las Audiencias Provinciales, para finalmente establecer que para determinar el valor de lo sustraído en establecimientos comerciales, no debe atenderse únicamente a su valor de coste, sino al precio o valor de cambio, en el que deben incluirse los impuestos correspondientes, argumentando que el valor relevante de los efectos sustraídos debe ser el valor de cambio representado, en cada momento, por la cantidad de dinero que puede obtenerse por el efecto en su hipotética venta, es decir el valor de los efectos o de las cosas no está en su coste, sino en su precio final de venta al público, puesto que éste refleja su equivalencia económica y consiguientemente el verdadero valor patrimonial del efecto en el momento de cometerse la sustracción del mismo, estableciendo que dicho valor del efecto debe interpretarse como la cantidad que se tiene que abonar para su adquisición por compraventa, el cual coincide con el establecido habitualmente en el etiquetado de dicho efecto, y ello sin desglosar, de los costes de producción y distribución del bien, los distintos márgenes de beneficio de los sucesivos actores en la cadena de producción del efecto, ni los tributos y aranceles que lo hayan gravado directa o indirectamente, y por tanto con inclusión del impuesto del IVA.

Dicho criterio doctrinal de la STS 327/2017, es a nuestro entender absolutamente objetivo, dado que el valor del efecto coincidente con el precio de venta al público, permite la previsibilidad, en caso de hurto, de las eventuales consecuencias penales de dicha conducta delictiva, y ello al tenerse previo conocimiento de la valoración económica del efecto o bien, y de las consecuencias punitivas que la sustracción o hurto del mismo conllevan de acuerdo con el citado artículo 234. 1 y 2 del Código Penal.

 

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