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La nueva situación de los “Sin papeles” avalada por el Tribunal Constitucional

La exclusión de los extranjeros sin permiso de residencia o “sin papeles” en España de la asistencia sanitaria pública gratuita no vulnera el artículo 43 de la Constitución, pues el legislador puede modular las condiciones de la prestación de dicha atención médica. Así lo establece el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 21 de julio de 2016, es más, de hecho, defiende que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los servicios sanitarios”.

Aunque el fallo reconoce que el acceso a la sanidad es un derecho universal, el Constitucional entiende que “se configura y concreta de acuerdo con lo que dispone la ley, que debe regular las distintas condiciones y términos en los que se accede a las prestaciones y servicios sanitarios”. En este sentido, rechaza que “dichas prestaciones hayan de ser necesariamente gratuitas para todos sus potenciales destinatarios”. La ley determinará en cada caso cómo ha de ser la asistencia sanitaria pública.

El TC entiende que la ley impugnada, según explica la sentencia, supuso un “giro” en la anterior política que, desde la creación del SNS, ha ido encaminada hacia una “progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada”, al introducir los conceptos de asegurado y beneficiario del SNS. No obstante, en el caso de los extranjeros sin permiso de residencia considera que, dentro del margen del que dispone el legislador, la nueva regulación “no responde a una opción arbitraria, sino a la preservación de bienes o intereses constitucionalmente protegidos, como el mantenimiento del sistema sanitario público”, teniendo en cuenta además ” las posibilidades del sistema en un momento de intensas complicaciones económicas, observándose, en la distinción entre extranjeros con autorización de residencia y los que carecen de ella, la debida proporcionalidad”.

De hecho, esto fue lo que llevó al Ejecutivo a “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficiencia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados o beneficiarios del SNS” así como “definir, dentro de este ámbito, aquellos colectivos que quedan extramuros de la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos”.

Para ello se crean los conceptos de “asegurado y beneficiario”, medida que, señala la sentencia, “acredita las debidas condiciones de coherencia y congruencia en relación con los problemas que se persigue solucionar y la situación económica deficitaria que se pretende controlar”.

En cambio, sí consideran que la norma vulnera el derecho a la igualdad cuando establece la posibilidad de que accedan a la condición de asegurado los españoles que, en principio, no tienen vínculo con la Seguridad Social y acreditan que sus ingresos no superan el límite fijado reglamentariamente (que es de 100.000 € anuales), y declara inconstitucional y nulo el inciso referido a los ingresos anuales.

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