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La Reforma por la que ¿cada parte pagará a su abogado?

El Parlamento tramitará una iniciativa legislativa, presentada por el grupo socialista en el mes de septiembre, que supone un vuelco en materia de costas procesales. La reforma sustituye, en la jurisdicción civil y en la contenciosa-administrativa, el actual criterio denominado de “vencimiento objetivo”, que supone, básicamente, que el que pierde paga sus gastos y los de la parte vencedora. A partir de ahora el criterio será el de “temeridad” o “mala fe”.

Para entender mejor la reforma, primero es preciso establecer el concepto de temeridad y mala fe, una actuación temeraria, no se conforma con la falta de diligencia, sino que trasciende a la ausencia de fundamento, casi a la pretensión disparata e incoherente de quien actúa temerariamente y encuentra su enclave de aplicación en materia de las costas judiciales, pues conduce a su imposición cuando se aprecia que alguna de las partes procesales se comporta deliberadamente en el curso de un proceso de manera infundada. Y ese comportamiento incoherente, carente de soporte jurídico de la pretensión que se deduce, provoca la imposición de una sanción procesal, que es la condena en costas. La Mala Fe es el comportamiento incorrecto que participa, en grados diferentes, de la insinceridad, la infidelidad y hasta la deslealtad, se dice del conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasi delictuoso de su acto, o de los vicios de su título. Así pues la diferencia entre ambos, es que la mala fe, tiene una proyección eminentemente subjetiva, porque es una creencia, mientras que el segundo (temeridad) tiene un aspecto objetivo por cuanto equivale a una conducta procesal, de forma que la mala fe es aplicable al que es consciente de su falta de razón procesal, mientras que la temeridad supone la conducta procesal objetiva carente de fundamento defendible en derecho.

Los profesionales del sector ya han manifestado sus discrepancias respecto a la solución propuesta sobre el pago de las costas.

La sustitución de un criterio objetivo por otro subjetivo provocará, en su opinión, aleatoriedad en las resoluciones, ya que dependerá del criterio del juzgador apreciar una actuación temeraria o contraria a la buena fe en el litigante que pierda el pleito. Si tenemos en cuenta que la estrategia de los letrados se basa en la probabilidad que tienen de ganar el juicio ¿podría incidir esta mayor discrecionalidad en la cuantía y forma en que los letrados cobran por sus servicios? Para muchos será el ciudadano el perjudicado por la reforma, porque los letrados seguirán cobrando sus honorarios, aunque ahora cambiará la parte que paga.

Además, preocupa en el sector un posible efecto colateral no deseado: el aumento de la tasa de litigiosidad a través de demandas poco fundadas que podrían suponer un colapso de juzgados.

En contra de estas opiniones, otros sectores opinan que este proyecto ayudaría a los ciudadanos con pocos recursos económicos, puesto que en ocasiones prefieren no arriesgarse a acudir a los tribunales de justicia para evitar una posible condena en costas a la que no podrían hacer frente, por lo que la reforma permitiría a todo el mundo acudir ante los tribunales para hacer valer sus derechos.

Como en todo, hay pros y contras, por lo que cada uno debe formarse su propia opinión valorando   todos los elementos en los que la reforma influiría, así pues ¡¡juzguen ustedes mismos!!

 

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