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Profundizamos en el análisis del artículo 20.8 de la Ley de Contrato de Seguro

INTERESES ARTÍCULO 20.8 L.C.S. REQUISITOS EXONERACIÓN CUANDO CONCURRE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO. SI PROCEDE LA EXONERACIÓN CUANDO LA RESOLUCIÓN JUDICIAL ES IMPRESCINDIBLE PARA DECIDIR SI EXISTE “EFECTIVA COBERTURA” Y/O “REALIDAD DEL SINIESTRO”. VERDADERA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.

La causa justificada del artículo 20.8 L.C.S. es muy restrictiva. Utilizar el argumento de la existencia de un proceso judicial latente que determine el acometimiento del siniestro por la aseguradora es complicado. No lo recomendamos. Y mucho menos si de lo que se trata es de definir la culpabilidad o la cuantía de la indemnización. Alguna esperanza existe si se trata de discernir sobre la realidad del siniestro y la efectiva cobertura. Pero para que esto último tenga ciertas posibilidades de éxito, ha de resultar imprescindible la resolución judicial que lo establezca y teniendo en cuenta los antecedentes, motivos y fundamentos del proceso y, sobre todo, el propio criterio del Juzgador de instancia que realizará una valoración e interpretación subjetiva pero siempre restrictiva. Mi criterio es que recurrir a la causa justificada debe ser muy estudiada y medida so pena de tener que apencar y pechar con los intereses sancionadores del citado precepto que irán engordando y engrosando la masa del principal o importe indemnizatorio.

A continuación reflejo las consideraciones efectuadas por la reciente sentencia del T.S. de fecha 20 de Enero de 2.017 que esclarece perfectamente las conclusiones al respecto.

En efecto, la citada sentencia del Tribunal Supremo, número 176/2.017, Sala de lo Civil, de fecha 20/01/2.017, número de recurso 1.637/2.014. (Ponente: Don José Antonio Seijas Quintana ) y relativa, entre otros, a las causas que permiten exonerar a una entidad aseguradora de pagar los intereses moratorios cuando no se plantea duda sobre la realidad del siniestro, ni sobre su efectiva cobertura y basándose la oposición de la aseguradora únicamente en la (i)inexistencia de responsabilidad del médico y en la (ii)cuantía indemnizatoria lo que, según la jurisprudencia, no justifica la exclusión de la obligación de pagar los intereses si la aseguradora ha incurrido en mora.

La aseguradora entiende que ha sido preciso el procedimiento judicial para poder determinar la existencia de una relación de causalidad entre una infracción de la “lex artis ad hoc” imputable al Doctor y las lesiones padecidas por el paciente como consecuencia de la intervención quirúrgica practicada bajo supervisión de aquél en la medida en que la responsabilidad que se imputa al médico demandado deriva de haber aplicado una técnica quirúrgica incorrecta para la práctica de la polipectomía, siendo determinante a estos efectos la situación del pólipo, existiendo en la causa documentación médica contradictoria en relación a este extremo.

La Sala entiende y concluye que este argumento no es correcto y ello porque es doctrina reiterada de esta Sala (sentencias 206/2.016, de 05 de abril ; 513/2.016, de 21 de julio ) que «si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º L.C.S. , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en qué consisten los intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados.

En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para integrar los presupuestos de la norma aplicada. Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación de indemnizar.

Esta Sala entiende justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura.

En términos generales nuestra jurisprudencia considera causa injustificada para no pagar el siniestro por la aseguradora, el hecho de acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente o por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado ( concurrencia de culpables). De considerarse lo contrario se haría una interpretación contraria al carácter sancionador que se atribuye a la norma.

 

 

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