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REQUISITOS Y PRESUPUESTOS PARA LA REVOCACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS DICTADAS EN PRIMERA INSTANCIA, ANTES DE LA REFORMA DE LA LECriminal OPERADA POR LA LEY 41/2015 DE 5 DE OCTUBRE DE MODIFICACIÓN DE LA LECriminal PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES.

El artículo 792.2 de la LECriminal, tras la reforma por la Ley 41/2015, establece que “La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por el error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante la sentencia absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. <…>; y el artículo 790.2, párrafo 3º, (añadido por la Ley 41/2015) establece que “Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada”.

Ahora bien, se ha de tener en cuenta que la reforma de la LECriminal operada por la Ley 41/2015, no resulta de aplicación a los procedimientos incoados antes de su entrada en vigor, lo que se produjo con fecha 06-12-15, por lo que respecto a dichos procedimientos (incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 41/2015) hay que estar a los ya consolidados criterios jurisprudenciales al respecto de los requisitos y presupuestos para que sea posible la condena en segunda instancia cuando en primera instancia se dictó un pronunciamiento absolutorio.

Al respecto, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional nº 88/2013, de 11 de abril, recuerda y resume la jurisprudencia al respecto, estableciendo, entre otras, las siguientes consideraciones jurídicas:

“<…>El alcance de las garantías constitucionales para quien resulta condenado en la segunda instancia, tras revisar una previa absolución, fue objeto de un detenido análisis, inspirado en la doctrina del TEDH, según la cual el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción.

A partir de ello, se ha consolidado una doctrina constitucional, reiterada en numerosas resoluciones, según la cual resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora –como es el caso de la declaración de testigos, peritos y acusados- sin haber celebrado una vista pública en que se haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria.

Por el contrario en aplicación de esta doctrina constitucional, también se ha destacado que no cabe efectuar ese reproche constitucional cuando la condena pronunciada en apelación o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado vista pública, tenga origen en una alteración fáctica que no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración –como es el caso de pruebas documentales- o, también, cuando dicha alteración fáctica se derive de discrepancias con la valoración de pruebas indiciarias, de modo que el órgano judicial revisor se limite a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos que resultan acreditados en ésta, argumentado que este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen del recurso sin merma de garantías constitucionales. Por último, también se descarta una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso, aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas.

El Tribunal Constitucional, ha complementado las garantías del acusado en la segunda instancia en la STC 184/2009, señalando que, también de conformidad con la misma doctrina del TEDH recogida en la STC 167/2002, en aquellos casos en los que se condena en segunda instancia, revocando un previa absolución, o agravando sus consecuencias, debe igualmente atenderse a la eventual exigencia de la audiencia personal del acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa.

A partir de ello, el Tribunal Constitucional ha concretado que la exigencia de presencia del acusado en el juicio de segunda instancia se produce en los supuestos en que se debaten cuestiones de hecho que afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, habida cuenta de que su objeto es posibilitar que quien ha sido absuelto en primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su versión personal sobre su participación en los hechos que se le imputan.

Por tanto, solo si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico (entre otras, SSTC 45/2011, o 153/2011).

A este respecto, cabe destacar que la STC 201/2012, ha vinculado esta ampliación de las garantías del acusado en la segunda instancia con la más reciente jurisprudencia del TEDH, en la que se pone de relieve la necesidad de esta ampliación, insistiendo en que cuando el Tribunal de segunda instancia ha de conocer de cuestiones de hecho y de derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado, por lo que será indispensable contar con una audiencia pública cuando el Tribunal de apelación no se ha limitado a efectuar una interpretación diferente en derecho a la del Juez a quo en cuanto a un conjunto de elementos objetivos, sino que ha efectuado una nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera instancia y los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas.

Los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, sentados entre otras en las SSTC 167/2002 y 184/2009, tienen su origen común en la doctrina establecida por el TEDH sobre el respeto de las reglas de un procedimiento justo y equitativo en la segunda instancia. De ese modo, la doctrina jurisprudencial establecida en la STC 184/2009 lo que viene es a complementar la recepción de la doctrina del TEDH sobre el particular, incidiendo en la necesidad de respetar también en la segunda instancia la exigencia, derivada del principio de contradicción, de que se diera al acusado absuelto la oportunidad de ofrecer su testimonio personal sobre los hechos enjuiciados en los supuestos en los que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa o que no cabe interpretar su conducta con la intención o ánimo de cometer el hecho delictivo.

Igualmente en favor de considerar un fundamento conjunto de ambos aspectos bajo un mismo derecho fundamental, redunda el hecho de que el testimonio judicial del acusado tiene el doble carácter de prueba personal, que exige de inmediación para ser valorada, y de derecho a dirigirse y ser oído personalmente por el órgano judicial que vaya a decidir sobre su culpabilidad, lo que, lógicamente, también se concreta en su presencia ante el órgano judicial para poder someter a contradicción con su testimonio la comisión del hecho que se le imputa (entre otras STC 184/2009).

En este contexto, si bien hay supuestos en los que resulta posible diferenciar más claramente los aspectos de inmediación de la valoración probatoria y del derecho del acusado a ofrecer al órgano judicial su testimonio personal, y proyectar un análisis independiente de ambos, resulta más adecuado que quede conjuntamente englobados como manifestaciones concretas dentro del derecho a un proceso con todas garantías en su proyección a la segunda instancia.

De conformidad con la doctrina constitucional establecida en las SSTC 167/2002 y 184/2009, vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para probar su culpabilidad, siempre que no se haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias, y que se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal <…>”

Ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, solo caben dos interpretaciones: 1.- Entender que resulta factible revocar una sentencia absolutoria practicando de nuevo en segunda instancia las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación o de contradicción (lo que conllevaría graves inconvenientes, pues la repetición de pruebas no sería legalmente posible, a tenor de las restricciones que imponen el artículo 790.3 de la LECriminal, y por otro lado el acusado no tendría, obviamente, obligación de someterse a un segundo procedimiento ante la Sala sin un precepto que así lo impusiera o permitiera expresamente) o 2.- Entender que no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas en las causas en las que la práctica de la prueba depende en gran medida de los principios de inmediación, oralidad y contradicción.

Esta segunda es la única interpretación correcta que cabe hacer de la nueva jurisprudencia constitucional sobre los límites de la revisión probatoria de las sentencia absolutorias, dictadas en primera instancia en aquellos procedimientos incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 41/2015.

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